El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) es el órgano que garantiza que los países miembros y las instituciones europeas cumplan la legislación en vigor. Además, el Tribunal tiene otra importantísima función. Es el encargado de interpretar el Derecho de la Unión y garantizar que se aplique de la misma manera en cada uno de los países miembros. Es decir, controla si las normas o decisiones que aplica un estado miembro son acordes al conjunto de normas elaboradas por la Unión Europea. Por lo tanto, tiene la facultad de decidir si la doctrina que aplican los jueces españoles, incluso los del Tribunal Supremo, es correcta o no.
En los últimos años, las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea han tenido una enorme repercusión. Algunos ejemplos de esto serían la reciente sentencia que examina la contratación temporal abusiva de los empleados públicos y aboga por la conversión de interino a fijo de miles de trabajadores; el derecho de las empleadas de hogar a cobrar el paro; la imposibilidad de extinguir contratos de trabajadores por incapacidad permanente….
¿Cómo llega un caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea?
Cuando se presenta una demanda ante un juzgado pueden surgir dudas acerca de si el derecho aplicado en un estado nacional es contrario al Derecho de la Unión Europea. En ese caso, el juez puede elevar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que Este se pronuncie sobre la interpretación del derecho, suspendiéndose el procedimiento de origen hasta que el Tribunal resuelva la cuestión planteada.
Para ello, el juez debe plantearle al tribunal determinadas preguntas para que este las responda y esclarezca las dudas planteadas. En resumen, la función del Tribunal de Justicia de la Unión Europea es ayudar a resolver el caso planteado, según lo establecido en el artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión.
Una vez que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea emite una decisión, esta es de directa aplicación para el juez que ha planteado la cuestión prejudicial y para el resto de órganos jurisdiccionales de los Estados miembros. Por lo tanto, la trascendencia de sus decisiones son de tal calado que afectan a todos los ciudadanos y ciudadanas de la unión europea.
