Hoy en día, cualquier empresa o institución debe contar con servicios de protección de datos si ha puesto en marcha cualquier activo digital: webs, apps, plataformas de comercio electrónico…

En concreto, el 25 de mayo del 2018 entró en vigor el  Reglamento General de Protección de Datos. Un marco normativo que exige a empresas y entidades públicos un severo control en el tratamiento de la información de los internautas con el fin de proteger sus derechos y su privacidad.

La Data Protection Impact Assessment o DPIA es una de las exigencias incluidas en el reglamento europeo que define los requisitos para las empresas en materia de protección de datos. La DPIA será exigible cuando esa recogida sistemática de información pueda desencadenar algún tipo de peligro para los derechos de los usuarios.

Básicamente, lo que introduce es la exigencia de realizar una evaluación dinámica de los riesgos derivados del tratamiento de la información. Informes que deberán realizarse además antes de que el servicio (web, app, ecommerce…) se ponga en marcha.

El Delegado de Protección de Datos es una figura recogida y regulada por el Reglamento General de Protección de Datos. Se trata de una figura obligatoria para las instituciones públicas, las empresas que realicen la recogida y tratamiento digital de datos de forma masiva y también para aquellas que llevan a cabo esta práctica en áreas muy sensibles (banca, sanidad…).

Entre las funciones de esta figura está monitorizar el cumplimiento de la normativa sobre protección de datos. También, asesorar al conjunto de los empleados sobre las novedades y exigencias en esta materia e incluso cooperar con las autoridades en caso de que sea necesario.

Veinte millones de euros o el 4% de la facturación global de la empresa. Solo este dato ilustra perfectamente por qué cualquier empresa o institución necesita contar hoy con servicios de protección de datos solventes y ágiles. Esta es la multa prevista por el Reglamento General de Protección de Datos para los supuestos más graves en la vulneración de los derechos de los usuarios.

En algunos casos, además, a la multa económica se podría sumar la paralización cautelar de la recogida y tratamiento de la información. Un elemento crítico para cualquier organización en esta era, pero muy especialmente para aquellas más expuestas a los negocios digitales.