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La telecirugía robótica está trasladando a la práctica clínica escenarios que hasta hace muy poco pertenecían al terreno de la experimentación. La posibilidad de que un cirujano intervenga a un paciente situado a miles de kilómetros abre enormes oportunidades para la medicina, pero también plantea desafíos jurídicos de extraordinaria complejidad.
Uno de los proyectos pioneros en telecirugía transoceánica desarrollados en Europa ha contado con nuestra participación, al asumir la dirección jurídica integral del proyecto para UROINTEC S.L., en una iniciativa en la que participan también Hospitales Universitarios San Roque, Fundació Puigvert y la compañía tecnológica Edge Medical.
El reto jurídico resulta especialmente relevante porque la telecirugía no elimina ninguno de los elementos tradicionales de una intervención médica, sino que incorpora otros nuevos: tecnología avanzada, comunicaciones a distancia, diferentes organizaciones y profesionales, tratamiento de datos clínicos y, cuando el proyecto adquiere dimensión internacional, distintas jurisdicciones.
Robustez jurídica para hacer posible la innovación
En proyectos sanitarios de esta naturaleza, la seguridad jurídica no puede abordarse cuando la tecnología ya está preparada para funcionar. Debe formar parte del diseño del proyecto desde sus primeras fases.
Nuestra intervención en esta operación ha requerido construir una arquitectura jurídica sólida y coherente que permita encajar la asimetría de obligaciones y responsabilidades de las partes y establecer previamente las reglas bajo las que se desarrolla la actividad.
Esto implica analizar cuestiones vinculadas a la regulación sanitaria, a las guías de mejores prácticas internacionales relativas telemedicina y cirugía robótica y la protección y gobernanza internacional de los datos clínicos y, todo ello, dentro del marco de las múltiples, variadas y asimétricas obligaciones asumidas por cada uno de los actores.
Proyectos de este nivel demuestran que la innovación médica necesita un marco jurídico sólido, preciso y bien diseñado. El Derecho es un elemento esencial para convertir la tecnología en una realidad clínica segura.
La telecirugía transoceánica es una operación de elevada complejidad jurídica
La complejidad aumenta cuando la prestación sanitaria deja de desarrollarse íntegramente dentro de un mismo espacio físico y jurídico, como ocurre en este proyecto de telecirugía transoceánica
En una telecirugía pueden intervenir el hospital en el que se encuentra el paciente, el equipo médico presencial, el cirujano que actúa remotamente, proveedores tecnológicos y otras entidades científicas o sanitarias, públicas y privadas, así como proveedores de infraestructuras de conectividad no convencional.
La distancia obliga, por tanto, a identificar con precisión qué función desempeña cada participante, qué obligaciones asume y qué normativa resulta aplicable a cada relación.
La coordinación jurídica adquiere así una importancia comparable a la coordinación tecnológica y clínica. No basta con que la conexión entre los centros sea técnicamente viable: el conjunto del proyecto debe responder a un marco contractual y regulatorio previamente definido.
Contratación mercantil internacional: anticipar escenarios antes de que ocurran
La contratación mercantil internacional constituye, por ello, uno de los pilares jurídicos de este tipo de operaciones.
Los contratos deben trasladar a un marco documental preciso una estructura en la que participan entidades con funciones muy diferentes. Resulta necesario delimitar obligaciones, prestaciones, estándares de servicio, responsabilidades y mecanismos de coordinación, además de prever qué sucede ante incidencias tecnológicas, asistenciales o contractuales.
Cuando intervienen actores situados en diferentes países, adquieren especial importancia cuestiones como la legislación aplicable, la jurisdicción competente, los mecanismos de resolución de controversias o la propia distribución contractual del riesgo.
El contrato deja así de ser un mero instrumento formal para convertirse en una auténtica herramienta de prevención y gestión del riesgo jurídico.
Responsabilidad civil y profesional en la telemedicina robótica
Probablemente una de las cuestiones más sensibles en operaciones de esta naturaleza sea la responsabilidad civil y profesional.
Una intervención quirúrgica convencional ya exige delimitar las responsabilidades de los profesionales y organizaciones implicados. En la telecirugía robótica aparecen, además, factores tecnológicos y transfronterizos que incrementan la complejidad.
¿Qué ocurre si se produce una incidencia en la conexión? ¿Cómo se delimitan las responsabilidades entre el profesional que opera remotamente, el equipo presencial, el centro sanitario y el proveedor tecnológico? ¿es responsable el centro desde donde opera el cirujano en remoto? ¿Qué obligaciones corresponden a cada participante?
La respuesta exige analizar previamente los diferentes escenarios de riesgo y establecer una distribución clara de responsabilidades profesionales, sanitarias y técnicas. También requiere revisar las coberturas aseguradoras y su adecuación a una actividad que puede desarrollarse simultáneamente en diferentes territorios.
La experiencia demuestra así que innovación tecnológica y seguridad jurídica deben avanzar conjuntamente. La telecirugía robótica puede transformar el acceso a procedimientos médicos altamente especializados, pero su consolidación requiere estructuras jurídicas capaces de acompañar esa evolución.
La participación de Vento en este proyecto de telecirugía transoceánica refleja precisamente esa función del asesoramiento jurídico: no limitarse a resolver problemas cuando aparecen, sino crear las condiciones para que proyectos empresariales, médicos y tecnológicos de elevada complejidad puedan desarrollarse con seguridad, previsibilidad y garantías.
