Todas las empresas tienen la obligación de contar con un protocolo de prevención frente al acoso, y aquellas cuya plantilla supere las 50 personas trabajadoras además deberán implementar un canal de denuncias interno para prevenir fraudes, acosos y otras irregularidades. Pero su eficacia depende de la buena fe de todas las partes implicadas. Puesto que hacer un mal uso del canal de denuncias atenta contra el correcto funcionamiento del mismo.
El uso de estos canales con fines perversos —por ejemplo, para «blindarse», obstruir investigaciones, presionar a compañeros o superiores, o lanzar acusaciones manifiestamente falsas— constituye una transgresión de la buena fe contractual.
El derecho a informar sobre infracciones de la empresa o de otras personas trabajadoras exige veracidad, finalidad lícita y colaboración con la investigación interna.
Cuando las personas trabajadoras hacen un mal uso del canal de denuncias y lo instrumentalizan para obtener ventajas personales, deteriorar el clima laboral o entorpecer la instrucción de los procedimientos de investigación, se vulneran los deberes básicos de la relación laboral como son la lealtad y la confianza mutua.
Es posible sancionar a un profesional por hacer un mal uso del canal de denuncias
En tales supuestos, y previa instrucción rigurosa del expediente disciplinario (audiencia previa a la persona implicada, análisis de indicios, preservación de evidencias y proporcionalidad), la empresa está legitimada para imponer medidas disciplinarias que, en los casos más graves, pueden culminar en el despido disciplinario.
Resulta esencial diferenciar entre el informante de buena fe, que debe ser protegido, y quien actúa con mala fe o temeridad, haciendo un mal uso del canal de denuncias para protegerse.
Las compañías han de reflejar esta distinción en sus políticas, definiendo conductas prohibidas, criterios de gravedad y un procedimiento de investigación garantista. Proteger a quien informa correctamente implica también sancionar a quien desvirtúa el sistema.
Así, las compañías que alineen su cultura de cumplimiento normativo con un uso responsable del canal —formación específica, protocolos claros, trazabilidad de las investigaciones y protección del informante de buena fe— no solo reducirán riesgos legales, sino que también reforzarán la confianza interna de su plantilla y su reputación externa.
